Muchos no entienden que el orden público es una categoría constitucional construida como deberes estatales para permitir “la plena vigencia de los derechos fundamentales” y “proteger a la población de las amenazas contra su seguridad”.
Por Orlando Vignolo. 07 febrero, 2023. Publicado en Correo, el 7 de febrero de 2023.
El orden público es una categoría poco difundida entre nuestros ciudadanos, a pesar de su importancia para la vida en sociedad, ser el corazón de un problema actual (la inseguridad ciudadana) y tener cobertura en una gran cantidad de normas. Lo que es peor, en estos dos últimos meses, ante los graves hechos de violencia generados por minorías, este desconocimiento ha ido mutando aceleradamente hacia un desprecio absoluto. No se le menciona, no se indica nada en aras de protegerlo, no se le define, se le hace aparecer como un instituto que puede ser puesto en entredicho detrás de una ideología o aspiraciones, además se exteriorizan todos los hechos que puedan subvertirlo en cadena nacional y horario premium (siempre detrás de un ejercicio antijurídico de la libertad de información), o se le contrapone a pérdida frente a inexistentes “derechos”. Simplemente se le aborrece por existir. Sería mejor guardarlo en un imaginario cajón por noches enteras para permitir un torrente de “libertades” de algunos, mientras casi todos soportamos las consecuencias de las furias e iras contenidas.
Pero este descrédito encubre una cuestión jurídica. Muchos no entienden que el orden público es una categoría constitucional construida como deberes estatales para permitir “la plena vigencia de los derechos fundamentales” y “proteger a la población de las amenazas contra su seguridad”. Es por tanto un orden jurídico indisponible y obligacional que sostiene la coexistencia pacífica de las mayorías y minorías. Atacarlo supone destruir tus propias posibilidades de existencia como un hombre libre y, más temprano que tarde, si se anima al caos anárquico, este desconcierto terminará envolviendo a los propulsores directos o indirectos. Por eso no se puede permitir que el orden público sea desairado o extinguido porque esto finalmente supone la pulverización de la propia libertad.
Este es un artículo de opinión. Las ideas y opiniones expresadas aquí son de responsabilidad del autor.
